CDI

La CDI fue creada el 21 de mayo de 2003, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

La CDI se estableció como instancia de consulta obligada en materia indígena para el conjunto de la Administración Pública Federal, así como de evaluación de los programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena.

Al ser instancia de consulta y realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la administración pública federal, de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas y de concertación con los sectores social y privado, la CDI utiliza los programas y su presupuesto para construir una acción convergente y articulada para contribuir tanto al desarrollo integral, como a hacer efectiva la promoción y vigencia de los derechos indígenas garantizados en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A partir de los planteamientos de los representantes indígenas, expresados en procesos de consulta, así como del marco institucional que reconoce las prioridades señaladas por ellos, la CDI define el desarrollo con identidad para los pueblos y las comunidades indígenas, como el objetivo en torno al cual se han de articular los esfuerzos de las dependencias y entidades de todas las instituciones, de los diferentes órdenes de gobierno y de todos los actores sociales.

En la búsqueda de la armonización del marco jurídico nacional en congruencia con los derechos colectivos indígenas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales adoptados por el México,  la CDI trabaja en la elaboración de opiniones jurídicas para apoyar el trabajo legislativo en los ámbitos federal  y estatal. También se coordina con instituciones públicas encargadas de la administración y procuración de justicia, para promover el respeto y la defensa de los derechos humanos de la población indígena y apoya el fortalecimiento de capacidades en materia de derechos indígenas.

Promueve como uno de sus principios básicos incluir del enfoque de género en los programas y acciones que desarrolla, a fin de revertir la mayor desventaja y rezago que hoy viven las mujeres indígenas por su condición de género, clase y etnia.

A través de programas, proyectos y acciones, la CDI promueve la valoración y el respeto de las culturas y lenguas indígenas del país, como elemento fundamental para construir un diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discriminación hacia la población indígena. Ante semejante reto, se realizan acciones para el fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial de las culturas indígenas y para la difusión de la diversidad cultural y lingüística del país en los medios masivos de comunicación.